A ese cambio cualitativo se suma un refuerzo de capacidades. El Gobierno anunció la incorporación de 554 inspectores y subinspectores y una inversión tecnológica de 28,5 millones de euros (incluyendo herramientas para detección del fraude y evidencias digitales), dentro del marco estratégico 2025-2027.
En paralelo, el propio organismo ha comunicado magnitudes que ayudan a entender por qué se habla de superar el millón: en octubre de 2025 se informó públicamente de que ya se habían realizado más de 850.000 actuaciones ese año, y a cierre de 2025 se divulgó un balance con “más de 1 millón de actuaciones inspectoras”. Con ese precedente inmediato, y con el despliegue del plan 2025-2027, 2026 apunta a mantener (o rebasar) ese umbral de actividad.
Un modelo de inspección más digital y basado en evidencias
El plan deja claro que la tecnología no es un accesorio: se pretende aumentar la eficiencia y el volumen de actuaciones sin depender únicamente de incrementar recursos humanos, sustituyendo además el papel por diligencias electrónicas y avanzando hacia la administración electrónica.
Esto cambia la lógica del “me preparo cuando llega el inspector”. En un entorno de cruces masivos de datos, la detección de indicios puede empezar antes de la visita: incoherencias entre contratos y cotizaciones, señales de jornada real superior a la declarada o patrones de uso irregular de figuras contractuales. En el propio plan se contempla intensificar actuaciones basadas en nuevas reglas de detección derivadas de cruces masivos de datos, con “planes de choque” y actuaciones ordinarias.
Contratación temporal, fijo discontinuo y período de prueba bajo la lupa
Uno de los focos explícitos del plan es el control del fraude en contratación y, en particular, el uso indebido del contrato fijo discontinuo cuando no concurren las condiciones de intermitencia o estacionalidad exigidas por el marco laboral. En ese caso, se prioriza la regularización, tanto mediante planes de choque como en actuaciones ordinarias.
También se considera prioritario vigilar la extinción irregular de contratos indefinidos durante el período de prueba cuando se usa de forma recurrente o con la finalidad de eludir el carácter indefinido y la indemnización asociada. En la práctica, esto pone presión sobre procesos de selección, onboarding, causas documentadas de no superación y trazabilidad de decisiones.
La implicación directa para empresas y departamentos de RRHH es sencilla: la documentación debe “contar la misma historia” que los datos (calendarios, turnos, jornadas registradas, contratos, comunicaciones y cotizaciones). Con una inspección que se apoya en analítica y evidencias, la coherencia interna pasa a ser una barrera de defensa.
Jornada, registro horario y horas extra como punto crítico de sanción
La obligación de registrar la jornada sigue siendo un eje central del control. En Real Decreto-ley 8/2019 se modifica el marco para regular el registro, incluyendo que la empresa conserve los registros durante cuatro años y que estén a disposición de la representación legal y de la inspección.
La guía ministerial sobre el registro de jornada subraya, además, que el registro se aplica con carácter general a la totalidad de personas trabajadoras (incluyendo, por ejemplo, trabajadores a distancia) y que debe incluir inicio y fin de jornada; el sistema debe aportar información fiable y no manipulable, y debe respetar los derechos de intimidad y protección de datos cuando se emplean medios digitales o geolocalización.
El propio plan estratégico de la inspección anticipa un endurecimiento técnico del enfoque sobre el registro: se menciona como especialmente relevante un “sistema digital e interoperable” impulsado por el Gobierno y se prevé proponer la modificación normativa del registro de jornada para garantizar la integridad y autenticidad de la información.
La dimensión económica del riesgo es clara. Según datos publicados sobre la actividad sancionadora, en 2024 se impusieron sanciones por 20,19 millones de euros vinculadas a infracciones de tiempo de trabajo, destacando importes específicos por incumplimientos en registro de jornada y por excesos de jornada u horas extraordinarias.
Si en 2026 se incrementa la presión inspectora, el “eslabón débil” suele ser el mismo: registros que no reflejan la realidad (pausas, salidas, horas extra), documentos inconsistentes y ausencia de trazabilidad (quién registra, cuándo, cómo se corrige y por qué). Por eso, anticiparse no es solo “tener un registro”, sino poder defender su fiabilidad y coherencia con la prestación real del trabajo.
Igualdad, no discriminación e inteligencia artificial en decisiones de personas
El plan también eleva el listón en igualdad. Se recoge de forma expresa la verificación del cumplimiento por las empresas obligadas de elaborar y aplicar un plan de igualdad y la vigilancia de la igualdad retributiva (mismo salario por trabajo de igual valor), además de actuaciones vinculadas a acoso sexual y por razón de sexo.
La novedad cualitativa es la incorporación explícita del impacto de las nuevas tecnologías en igualdad y no discriminación. El plan advierte del riesgo de sesgos discriminatorios cuando la toma de decisiones se ve influida por IA o algoritmos (por ejemplo, en selección, evaluación o asignación de turnos) y establece que la inspección prestará especial atención a la ausencia de sesgos, pudiendo apoyarse en conocimiento técnico especializado.
Esto obliga a las empresas a mirar más allá del “cumplo con el plan en papel”: en 2026, la preparación real pasa por revisar procesos (y herramientas) que puedan generar discriminación indirecta, y por documentar controles, criterios y supervisión humana cuando existan decisiones automatizadas o “asistidas” por algoritmos.
PRL, sectores con siniestralidad y riesgos emergentes del teletrabajo
En materia de prevención, el plan establece planes permanentes de actuación en seguridad y salud, adaptados a la evolución de la siniestralidad, con planificación de actuaciones inspectoras en sectores y empresas con mayores índices. También refuerza la investigación de accidentes (incluidos graves y mortales) y contempla vigilancia y control sobre obligaciones empresariales como vigilancia de la salud e identificación y evaluación de riesgos.
Además, la estrategia incorpora un enfoque de “transiciones” (climática, demográfica y digital) en el que la transición digital incluye expresamente teletrabajo y trabajo en plataformas. Esto conecta directamente con la realidad de muchas pymes y servicios: evaluar riesgos del puesto en remoto, usar tecnologías de seguimiento sin vulnerar derechos, y formar y documentar medidas preventivas de forma consistente.
Cómo el registro de jornada con Timenet ayuda a anticiparse
En un contexto de inspección más digitalizada y basada en evidencias, el sistema de registro de jornada debe facilitar dos cosas: cumplimiento y capacidad de respuesta (informes, trazabilidad, disponibilidad del registro). Nuestro sistema Timenet ofrece una solución modular orientada al registro de jornada y control horario, accesible desde dispositivos con conexión a internet, con opciones como control en tiempo real, geolocalización de marcajes y módulos específicos para gestionar el registro de la jornada y las horas extra.
Esta aproximación encaja con lo que la inspección identifica como prioritario: registros coherentes con la realidad y fácilmente verificables. Además, si el marco regulatorio se orienta hacia integridad, autenticidad e interoperabilidad, prepararse con sistemas digitales que dejen huella y permitan extraer evidencias de forma ordenada es una decisión preventiva, no cosmética.
Como estrategia interna de anticipación, una revisión previa a 2026 suele funcionar mejor si se centra en evidencia documental “lista para inspección” en cuatro frentes: contratación (especialmente temporalidad, fijo discontinuo y periodos de prueba), jornada y horas extra (registro diario y su coherencia), igualdad (plan y procesos, incluidos los soportados por tecnología) y PRL (evaluaciones, formación, vigilancia de la salud y medidas en teletrabajo). Ese enfoque coincide con las prioridades explicitadas en el plan 2025-2027 y con los resultados sancionadores más relevantes publicados en los últimos ejercicios.