Efectivamente después de la pandemia, el teletrabajo se diluyó rápidamente, y algunos expertos lo atribuyen a la rigidez de la Ley del Trabajo a Distancia, que el Gobierno pactó con la patronal y sindicatos a finales del 2020, y que lo convirtió una opción rígida y costosa.
Los sindicatos lo achacan a que las medidas legisladas no se han trasladado correctamente a la negociación colectiva, con un porcentaje muy reducido de convenios sectoriales y empresariales que hayan establecido correctamente las reglas de aplicación del teletrabajo.
Por otra parte, el Acuerdo de Negociación Colectiva intenta subsanar este déficit con todo un capítulo entero dedicado al teletrabajo, en el que apuesta por que los convenios negocien cuestiones claves como la jornada mínima presencial, el derecho a la desconexión digital, el abono por parte de la empresa de los gastos asociados al teletrabajo, o la entrega de equipos de trabajo. Todos estos puntos han provocado una alta conflictividad y han llevado a muchas empresas a eludir esa fórmula del trabajo a distancia.
En este acuerdo sí se plantea la clara necesidad de adoptar fórmulas flexibles de ordenación del tiempo de trabajo, por lo que se propone que la jornada laboral se fije en los convenios en clave de “cómputo anual”, en lugar de restringirse a topes semanales o diarios.
De esta forma se podrían abrir las puertas a la implementación de la “distribución irregular” del tiempo de trabajo, con los correspondientes mecanismos de compensación, de forma que fuera compatible con la “racionalización de los horarios” para poder facilitar la conciliación, lo que también debería extenderse a los horarios de entrada y de salida.