Todo esto es especialmente destacable porque supone un trato desigual, si se compara con lo que la Ley estipula por los empresarios del sector privado, ya que en este caso las empresas deben proveer de los equipos de trabajo necesarios, así como de las pertinentes medidas de mantenimiento, a todas las personas que teletrabajen.
La Ley exige a sector privado que el teletrabajo sea una medida excepcional, que sirva para contener el covid 19, y en cambio no es así en la administración pública; la justificación del Ministerio de Hacienda y Función Pública es poder responder a la necesidad de tiempo para poder realizar una correcta planificación de los recursos existentes para la implantación del teletrabajo.
También explican que la modalidad de trabajo preferente a la administración pública en estos momentos es la presencial, y que los funcionarios tan sólo pueden acogerse al teletrabajo un 20% de su jornada, o lo que es lo mismo, un día en la semana.
Pero cuando se apruebe definitivamente el Real Decreto que regulará el teletrabajo de los funcionarios, éstos podrán teletrabajar hasta un 60% de su jornada, lo que creará una situación de desigualdad entre instituciones públicas y empresas privadas.
En todas estas circunstancias se suma también un problema de ciber seguridad, puesto que el uso de dispositivos personales para trabajar puede provocar este tipo de problemas, y en el caso de la administración pública, podría ser especialmente grave para el tipo de datos que maneja.